La demanda social por la agricultura: contraste de preferencias y política agraria común

Abstract

La Política Agraria Común (PAC), pese a las continuas transformaciones sufridas a lo largo de su historia para corregir los problemas surgidos de su propia implementación e intentar, al mismo tiempo, adecuarla a una realidad llena de incertidumbres, sigue siendo objeto de amplias polémicas y continuos debates. Particularmente, es discutida la pertinencia tanto de los objetivos como de los instrumentos empleados para alcanzarlos, ocasionando la quiebra de muchos de sus apoyos, entre ellos el social, fundamental para mantener la legitimidad de las políticas públicas y, con ello, su sostenimiento. En este controvertido contexto, la presente investigación pretende, tras analizar la discutida racionalidad impresa entre necesidades sociales, objetivos e instrumentos de la PAC, profundizar, en la región de Andalucía (España), en el nivel de conocimiento, actitudes, percepciones y preferencias de la sociedad hacia su agricultura y la Política Agraria Común de la Unión Europea, contribuyendo a paliar la escasez de estudios de esta naturaleza. Con dicha finalidad, se han adoptado metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas. Para analizar la racionalidad anteriormente mencionada, se ha empleado la Teoría de la Innovación Institucional Inducida, complementada por un procedimiento subjetivo de evaluación holística de la PAC, junto con la técnica Delphi aplicada a nivel nacional a expertos en políticas agrarias. Además, diferentes análisis estadísticos y econométricos han permitido conocer y determinar la percepción social en Andalucía hacia su agricultura y la PAC. El método multicriterio para la toma de decisiones en entornos complejos, el Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process-AHP), ha sido, igualmente, utilizado para identificar y cuantificar las principales demandas de la sociedad andaluza hacia la agricultura. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto, por un lado, la evolución positiva de la racionalidad entre necesidades sociales, objetivos e instrumentos de la PAC, y, por otro, la elevada preocupación social por la actividad agraria, así como el desconocimiento de la Política Agraria Común que la regula. Además, los ciudadanos conceden una importancia similar a las demandas económicas, sociales y medioambientales exigidas a dicha actividad, con una importante priorización del mantenimiento y la creación de empleo, de la producción de alimentos sanos, seguros y de calidad, y de la adecuada gestión de los recursos hídricos por parte de la agricultura. De los resultados se desprende la necesidad de que la Política Agraria Común responda a las demandas de los distintos agentes sociales, siendo preciso articular procedimientos políticos flexibles que puedan hacer más eficientes y ágiles sus respuestas, ante las heterogéneas fluctuaciones de los mercados agrarios cada vez más globales, y sobre todo que contribuyan a mitigar los efectos adversos de los mismos, ayudando a incrementar el nivel de bienestar de la ciudadanía.