Políticas públicas y órganos de gestión de la diversidad religiosa en México
ISSN:
1887-3243Date:
2025Keyword(s):
Abstract:
El México actual es un mosaico religioso, con un consolidado pluralismo religioso. Las políticas públicas de México respecto a la libertad y el pluralismo religiosos y a las relaciones entre el Estado y las organizaciones religiosas son cuestiones de controversia. Desde los tiempos de Benito Juárez, la Revolución de 1910 y la Constitución de 1917 y las políticas de los Gobiernos del PRI la laicidad “a la mexicana” se había consolidado en una absoluta neutralidad estatal. Sin embargo, la geopolítica y el neoliberalismo de los años 70 dejaron entrever un cambio de paradigma, que se acentuó a partir de los 90 con la creación de un órgano de gestión de libertad religiosa y de relación con las organizaciones religiosas -la Dirección General de Asuntos Religiosos-, y con la Ley -y su Reglamento-, de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En el nuevo siglo XXI se ha normalizado el diálogo y la colaboración entre los Gobiernos y las organizaciones religiosas de México -principalmente la católica y las denominaciones evangélicas-, cambiando así la forma histórica de entender la neutralidad, la laicidad y la separación entre el Estado y las religiones. Sin embargo, el reciente Gobierno de Claudia Sheinbaum parece ralentizar el proceso, abriendo el abanico a grupos de espiritualidades indígenas.
El México actual es un mosaico religioso, con un consolidado pluralismo religioso. Las políticas públicas de México respecto a la libertad y el pluralismo religiosos y a las relaciones entre el Estado y las organizaciones religiosas son cuestiones de controversia. Desde los tiempos de Benito Juárez, la Revolución de 1910 y la Constitución de 1917 y las políticas de los Gobiernos del PRI la laicidad “a la mexicana” se había consolidado en una absoluta neutralidad estatal. Sin embargo, la geopolítica y el neoliberalismo de los años 70 dejaron entrever un cambio de paradigma, que se acentuó a partir de los 90 con la creación de un órgano de gestión de libertad religiosa y de relación con las organizaciones religiosas -la Dirección General de Asuntos Religiosos-, y con la Ley -y su Reglamento-, de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En el nuevo siglo XXI se ha normalizado el diálogo y la colaboración entre los Gobiernos y las organizaciones religiosas de México -principalmente la católica y las denominaciones evangélicas-, cambiando así la forma histórica de entender la neutralidad, la laicidad y la separación entre el Estado y las religiones. Sin embargo, el reciente Gobierno de Claudia Sheinbaum parece ralentizar el proceso, abriendo el abanico a grupos de espiritualidades indígenas.




