Reconstruyendo la laicidad desde el contexto histórico mexicano
ISSN:
0213-8123Date:
2025Abstract:
Algunos estudios consideran que México es un país laicista en el que su legislación ignora o reduce las religiones al ámbito privado o en el que sus gobernantes han legislado con animadversión religiosa, cuanto menos, contra el catolicismo que profesa la mayoría de la población. Sin dejar de ser cierto que en la convulsa historia mexicana ha habido períodos de anticlericalismo, indiferencia y persecución religiosa, las relaciones entre el Estado y las asociaciones religiosas mexicanas han sido complejas. Durante el período juarista se promulgaron leyes de reforma que separaron el Estado de la Iglesia católica, en un régimen laico de facto que se consolidó y gestionó en la época revolucionaria y post-revolucionaria, con aciertos y errores. Las políticas neoliberales de los años 70 y los profundos cambios de los años 90, frutos de los nuevos contextos internacionales y nacionales, provocaron un paulatino acercamiento entre los gobernantes y los líderes de las asociaciones religiosas, que se ha ido incrementando hasta el presente. Mientras que, por un lado, la laicidad aparece expresamente reconocida en 1992 -en el art. 3 de la Ley de asociaciones religiosas y culto público (LARCP)-, y en 2012 -con su inclusión en el art. 40 de la Constitución (CPEUM)-, sin embargo, algunos autores consideran que la mayor relevancia de las religiones en el espacio público estaría edulcorando la laicidad «a la mexicana», vaciándola de contenido. En el debate actual, en el que México está adaptando su sistema jurídico a un entorno plurilegalista debido al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la doctrina reflexiona acerca de la esencia, el dinamismo y los procesos de la laicidad mexicana, deconstruyendo sus elementos históricos para reconstruir una laicidad evolucionada que resulte significativa en el XXI.
Algunos estudios consideran que México es un país laicista en el que su legislación ignora o reduce las religiones al ámbito privado o en el que sus gobernantes han legislado con animadversión religiosa, cuanto menos, contra el catolicismo que profesa la mayoría de la población. Sin dejar de ser cierto que en la convulsa historia mexicana ha habido períodos de anticlericalismo, indiferencia y persecución religiosa, las relaciones entre el Estado y las asociaciones religiosas mexicanas han sido complejas. Durante el período juarista se promulgaron leyes de reforma que separaron el Estado de la Iglesia católica, en un régimen laico de facto que se consolidó y gestionó en la época revolucionaria y post-revolucionaria, con aciertos y errores. Las políticas neoliberales de los años 70 y los profundos cambios de los años 90, frutos de los nuevos contextos internacionales y nacionales, provocaron un paulatino acercamiento entre los gobernantes y los líderes de las asociaciones religiosas, que se ha ido incrementando hasta el presente. Mientras que, por un lado, la laicidad aparece expresamente reconocida en 1992 -en el art. 3 de la Ley de asociaciones religiosas y culto público (LARCP)-, y en 2012 -con su inclusión en el art. 40 de la Constitución (CPEUM)-, sin embargo, algunos autores consideran que la mayor relevancia de las religiones en el espacio público estaría edulcorando la laicidad «a la mexicana», vaciándola de contenido. En el debate actual, en el que México está adaptando su sistema jurídico a un entorno plurilegalista debido al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la doctrina reflexiona acerca de la esencia, el dinamismo y los procesos de la laicidad mexicana, deconstruyendo sus elementos históricos para reconstruir una laicidad evolucionada que resulte significativa en el XXI.
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