| dc.description.abstract | La desinformación se ha consolidado como un problema estructural de alcance global, capaz de erosionar la confianza pública, condicionar decisiones y debilitar la cohesión social, con impacto directo en la calidad democrática. Hoy figura entre las principales preocupaciones ciudadanas y es prioridad para gobiernos, organismos internacionales y la academia. Su magnitud obedece a la convergencia de varios factores: la digitalización del ecosistema informativo y los nuevos hábitos de consumo; el descrédito de medios tradicionales frente a la expansión de internet y las redes sociales (RR.SS.); la intermediación algorítmica y la economía de la atención en entornos de sobreabundancia informativa; y la irrupción de la inteligencia artificial (IA) generativa, entre otros. Esta concurrencia amplifica el fenómeno y diversifica sus manifestaciones, que van desde errores no intencionales hasta estrategias coordinadas con fines políticos o económicos, operando incluso en campañas transnacionales y como amenazas híbridas ligadas a conflictos geopolíticos. El resultado es un incremento de la vulnerabilidad social, especialmente entre la población joven, más expuesta a las plataformas y RRSS, que configura un desafío multifactorial y exige respuestas coordinadas. Como parte de la solución, la educación cumple una función esencial al promover capacidades y destrezas que permiten comprender, evaluar y actuar en entornos informativos complejos, construyendo resiliencia mediante la alfabetización mediática e informacional (AMI) y el pensamiento crítico (PC). En particular, el PC se considera una competencia clave del siglo XXI, imprescindible para evaluar la credibilidad de las fuentes, argumentar con rigor, autorregular sesgos y tomar decisiones informadas. No obstante, es un constructo complejo cuya operacionalización y evaluación plantean desafíos, especialmente al aplicarlo al problema de la desinformación y al articularlo, sin confundirlo, con la AMI. Una formulación de referencia es la de Peter Facione (1990), quien, tras un consenso de expertos, definió el PC como un juicio intencional y autorregulado que integra habilidades cognitivas (interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación) junto con disposiciones (búsqueda de la verdad, apertura de mente, sistematicidad, sentido analítico, curiosidad intelectual, confianza en la razón y prudencia/madurez de juicio). La evidencia indica que su desarrollo es más eficaz cuando ambas dimensiones se abordan de forma explícita, sistemática e intencional, mediante metodologías de enseñanza-aprendizaje activas y cooperativas que implican al alumnado en tareas auténticas sobre casos reales. En este contexto, la educación superior (ES) asume la responsabilidad de formar profesionales y ciudadanos íntegros y críticos, capaces de desenvolverse y tomar decisiones en escenarios de posverdad. Desde esta necesidad, la tesis sostiene la hipótesis de que desarrollar el PC es una respuesta educativa eficaz para reducir la vulnerabilidad a la desinformación y reforzar la resiliencia social, situando a la universidad como actor clave del empoderamiento ciudadano, con especial atención al alumnado de Comunicación y Periodismo (el futuro de los medios). | es |